La Fiscalía secuestró el 22 de febrero un legajo de documentos de la Gobernación de Potosí para investigar las irregularidades cometidas en la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento, «pero hasta el momento no ha revisado ninguno de ellos».
La denuncia corresponde a la diputada potosina Lissa Claros, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), que revisó el cuaderno de investigaciones y pidió un informe a la fiscal de Potosí, Roxana Choque, por la «excesiva» lentitud de este proceso.
“Lo que no se ha hecho hasta ahora es la apertura de los sobres que contienen la documentación incautada y por eso hemos denunciado la lentitud de estas investigaciones. La fiscal dice que tiene seis meses para investigar”, afirmó Claros a EL DEBER.
En este caso, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y otros seis funcionarios están siendo investigados por al menos ocho delitos de corrupción, pero la Fiscalía aún no solicitó medidas cautelares, observó la legisladora.
Según Claros, la Fiscalía no asumió medidas imprescindibles como la declaración de una alerta migratoria y otras acciones que “en el caso de autoridades de la oposición se asumieron con mucha más celeridad”.
Tras el secuestro de la documentación, Choque explicó que la investigación está en etapa preliminar y la denuncia se desdobló en dos casos, el primero por las ambulancias y otro por la compra irregular de vehículos “reparados” para la Policía.
Mamani estuvo esta semana en La Paz para analizar en la Cancillería la representación de Bolivia para los alegatos del Silala. También se hizo presente en la Casa Grande del Pueblo luego de que la Procuraduría hallara “indicios de responsabilidad” en su contra por el caso de las ambulancias.
“No vamos a recibir ninguna ambulancia, el tema de la Procuraduría son recomendaciones para hacer seguimiento a todos los procesos”, afirmó.
Los motorizados llegaron esta semana al puerto de Iquique (Chile) y no se sabe qué sucederá con ellos, debido a la anulación del contrato que firmó la administración departamental por Bs 20,5 millones.
“Nosotros no tenemos ningún contrato vigente con la empresa. Ellos verán qué hacer con las ambulancias, yo no sabría responder. Nosotros no tenemos ninguna relación con esa empresa”, recalcó Mamani en puertas de la Casa Grande.
El gobernador indicó que a raíz de las irregularidades, como la firma de un acta de recepción cuando los vehículos ni siquiera estaban en territorio nacional, entre otros, fueron desvinculados algunos funcionarios, se iniciaron denuncias y la Fiscalía tomó cartas en el asunto.
“Las investigaciones ya han avanzado, nosotros hemos presentado todos los informes que corresponde. Seguiremos presentando más documentación que se requiera, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones”, remarcó Mamani.
Consultado sobre si renunciará por el escándalo destapado se limitó a indicar que “la ley estipula en qué casos puede renunciar una autoridad electa, más allá de los temas políticos, nosotros nos debemos a Potosí”.
Cuando estalló este caso, a mediados de enero, el fiscal Juan Lanchipa no halló una “noticia fehaciente” para investigar este caso.
“Necesitamos tener un elemento, una noticia fehaciente que dé lugar al inicio de la investigación, entre tanto existen las otras instancias del Estado que pueden llevar adelante un proceso de verificación en el proceso de contratación (para la compra de las ambulancias)”, indicó Lanchipa, entonces.
El Deber
Acerca del autor
