El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció que la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) sea juzgada por vía ordinaria sobre el nombramiento ilegal del gerente de la Empresas Boliviana de Alimentos (EBA) durante su gestión, informó este jueves el abogado constitucionalista Israel Quino.
“Nueva decisión del Tribunal Constitucional define q el juzgamiento en el ejercicio de funciones como gobernante de la Sra #JeanineAñez debe ser sólo por la vía ordinaria y no así por un #JuicioDeResponsabilidades (sic)”, escribió en sus redes sociales.
Quino explicó que el TCP definió esa situación tras revocar la Resolución 36872021 presentada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJLP), que promovió una Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC) sobre esa designación irregular.
“La #ResoluciónConstitucional consideró q la AIC no adecuó una fundamentación jurídico-constitucional propia del control normativo a pesar del argumento d #NoDiferencia entre mandatarios elegidos x sufragio democrático d los q no siguieron el mecanismo d la #sucesiónPresidencial (sic)”, indicó el jurista.
Para Quino, “la Sala Penal 4ta del TDJLP tergiversó la naturaleza jurídica d la AIC y afirma q son las autoridades ordinarias las q interpreten la legalidad a quién debe procesarse o no vía #JuicioDeResponsabilidades. Por ello el rechazo según el Art.27 inc. c) del CPCo (sic)”.
“Por tanto la #JusticiaConstitucional considera q el procesamiento en la vía ordinaria sobre el nombramiento ilegal de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en su gestión, debe continuarse por vía #JusticiaOrdinaria y no por un juicio con privilegio constitucional (sic)”, concluyó.
Minutos después, el Ministerio de Justicia, en un comunicado oficial, informó que Sala Penal Cuarta del TDJLP debe pronunciarse si ratifica la competencia de juzgado ordinario para procesar a Añez.
En noviembre de 2021, la Sala Cuarta Penal de La Paz presentó de oficio ante el TCP la Acción de Inconstitucionalidad ante un incidente que cuestionó la competencia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción en Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que determinó procesar a Añez por el nombramiento ilegal de la gerente de EBA en su gestión.
Según el Auto Constitucional mencionado, «las autoridades que promueven la acción normativa (de inconstitucionalidad concreta)» tienen la labor exclusiva de «interpretar la legalidad ordinaria y establecer a quién ampara la norma cuestionada».
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