La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron este lunes la querella que pretende interponer Jhasmani Torrico, más conocido como el caso “abogado torturador”, en contra de los periodistas que investigaron e hicieron cobertura de las denuncias en su contra.
Ambas organizaciones de periodistas “rechazan la querella por difamación y calumnia interpuesta por el abogado sentenciado Jhasmani Torrico, contra colegas periodistas que cubrieron su caso e informaron sobre las acusaciones y posterior condena de seis años y seis meses en su contra, por los delitos de secuestro y tortura”, dice un pronunciamiento emitido esta jornada.
La jueza Sofia Camacho, la pasada semana, “en un acto fuera de norma” accedió a la solicitud de Torrico para conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información y los nombres de los periodistas que cubrieron el caso “abogado torturador”, para iniciarles procesos por difamación e injuria.
La ANPB y la APLP lamentaron que la jueza “ignore” la vigencia de la ley de Imprenta que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión. Precisa que la posibilidad de aplicar sanciones penales, además de “ser desproporcionada, lesiona la libertad de expresión, porque podría inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática que necesita una prensa libre e independiente”, señalan.
Asimismo, señalan que al interponer un proceso penal por difamación y calumnia busca “intimidar, amenazar y silenciar a los periodistas, pero también “vulnera la Constitución Política del Estado, la ley de Imprenta y el Pacto de San José. Es repudiable que su aviesa pretensión sea secundada por la jueza Camacho, que no tiene competencia alguna en este caso”.
Advierten que no permitirán que la jueza Camacho y el abogado sentenciado Jhasmani Torrico vulneren el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de las personas en un intento de establecer este funesto precedente.
Torrico fue sentenciado por los delitos de tortura y secuestro de un ciudadano mecánico; el abogado usaba la violencia y la tortura para cobrar deudas de sus clientes.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba convocó para este martes a una marcha en contra de la jueza Camacho que desconociendo la ley de Imprenta dio curso para que los medios de comunicación entreguen información acerca de las coberturas que hicieron durante el escándalo de este caso.
La jueza Sofía Camacho y el Tribunal Departamental de Justicia han «violado abiertamente» la aplicación de la ley de Imprenta y se han tomado atribuciones jurídicas fuera de su competencia, dice un último documento.
Correo del Sur
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