El informe fue elaborado por la organización internacional International Budget Partnership y aplicado en el país por la Fundación Jubileo.
Bolivia volvió a registrar una calificación de 11 sobre 100 en el índice de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, situándose muy por debajo del nivel considerado adecuado (61 puntos) y en el último lugar entre los países sudamericanos evaluados en el estudio, que abarcó a 83 naciones.
El informe, elaborado por la organización internacional International Budget Partnership (IBP) y aplicado en Bolivia por la Fundación Jubileo, evidencia que el país no ha mejorado respecto a la medición anterior de 2023. La evaluación corresponde a la gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que no refleja el desempeño del actual gobierno.
Según el estudio, la baja puntuación se explica principalmente porque el proyecto de Presupuesto General del Estado no se publica antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que limita el acceso ciudadano a información clave y reduce la posibilidad de debate público.
Documentos publicados por el gobierno
De los ocho documentos presupuestarios que exige la metodología internacional, Bolivia solo publicó tres dentro de los plazos establecidos: el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano y el informe de fin de año. En cambio, no difundió oportunamente documentos esenciales como el proyecto de presupuesto, el informe preliminar, la revisión de mitad de año ni el informe de auditoría.
El análisis también revela debilidades en otros indicadores. En participación pública, el país obtuvo 13 sobre 100, debido a la ausencia de mecanismos efectivos para que la ciudadanía intervenga en la formulación, aprobación y seguimiento del presupuesto. En cuanto a la vigilancia institucional, alcanzó 39 sobre 100, reflejando un control limitado tanto del Legislativo como de la Contraloría.
Otros detalles del informe
El informe advierte que la información presupuestaria disponible no permite identificar con claridad la asignación de recursos por sectores como salud o educación, lo que reduce su utilidad como herramienta de planificación y control social.
Entre las principales recomendaciones, se plantea publicar el proyecto de presupuesto antes de su aprobación legislativa, difundir informes de ejecución de manera accesible y periódica, elaborar una revisión de mitad de año y garantizar la publicación de auditorías completas del presupuesto.
Además, se sugiere fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos formales en todas las etapas del proceso presupuestario, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
La próxima medición, prevista para 2027 y basada en el año fiscal 2026, será clave para evaluar si Bolivia implementa cambios que permitan mejorar sus niveles de transparencia, participación y control en la gestión de los recursos públicos.
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