El ente sindical exige que el presidente y el ministro de Gobierno sean incluidos en la investigación fiscal, al considerar que conocían el caso antes de que se hiciera público.
La Central Obrera Boliviana (COB) exigió que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sean incorporados como investigados en el denominado caso de Maletas.
El ente matriz de los trabajadores consideró que ambas autoridades tenían conocimiento previo del hecho y no lo denunciaron oportunamente.
El secretario general de la COB, Claudio Choque, afirmó que la Fiscalía General del Estado debe ampliar la investigación para esclarecer responsabilidades políticas y penales. En su criterio, no basta con procesar a funcionarios de menor rango si existen indicios de que las máximas autoridades del Ejecutivo manejaban información anticipada sobre el caso.
“La pregunta es por qué el presidente no denunció en su momento, si tenía conocimiento de las maletas. Tiene que dar una explicación clara al pueblo boliviano”, dijo Choquea a los periodistas.
El dirigente sindical sostuvo que el silencio de las autoridades genera sospechas y debilita la credibilidad del Gobierno en su discurso de lucha contra la corrupción. En ese sentido, remarcó que el Ministerio Público debe actuar con independencia y sin privilegios.
Choque también expresó su preocupación por los hechos que rodean al caso y lamentó que, a pocos meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz, se registren escándalos que afectan la imagen institucional del Estado. Señaló que la transparencia debe ser una práctica real y no solo un compromiso discursivo.
“Estamos viendo que en apenas tres meses de gestión ya aparecen casos graves. Eso preocupa a los trabajadores y al pueblo en general”, indicó.
El secretario ejecutivo insistió en que tanto el Presidente como el Ministro de Gobierno deben ser convocados a declarar para aclarar qué información tenían, desde cuándo y por qué no se activaron los mecanismos legales correspondientes.
El dirigente aseguró que su pedido no tiene motivaciones políticas, sino el objetivo de garantizar una investigación transparente, completa y creíble, que permita conocer la verdad y establecer responsabilidades sin excepciones.
Por ese caso, la principal investigada, la exdiputada Laura Rojas fue enviada al penal de Palmasola con 180 días de detención preventiva.
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