La Fiscalía General de Colombia ha reactivado las órdenes de captura contra 31 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidas figuras clave de su cúpula. La medida responde a la reciente ofensiva armada lanzada por este grupo guerrillero en la región del Catatumbo, que ha provocado una crisis humanitaria de gran escala.
Según la resolución firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, las capturas, suspendidas desde noviembre de 2022 para facilitar las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron reinstauradas tras el incumplimiento de los acuerdos pactados y la perpetración de nuevos actos criminales por parte del ELN.
El conflicto se intensificó el 16 de enero, cuando el ELN atacó al Frente 33 de las disidencias de las FARC en esta región fronteriza con Venezuela. El saldo preliminar de la ofensiva supera los 80 muertos, incluyendo líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz de 2016. Además, se han reportado secuestros, confinamientos forzados y el desplazamiento masivo de unas 32.000 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
“La violencia desatada y los múltiples delitos mantienen en grave riesgo la vida e integridad de la población civil, así como de líderes sociales y sus familias”, señaló la Fiscalía en un comunicado. El liderazgo del ELN reivindicó el ataque a través de la red social X, en una publicación atribuida a su comandante alias ‘Antonio García’.
El restablecimiento de las órdenes de captura representa un golpe a los esfuerzos de paz con el ELN. Las negociaciones, ya estancadas desde hace meses por desacuerdos entre las partes, fueron formalmente suspendidas por el presidente Petro el pasado viernes, tras los actos de violencia registrados.
En respuesta, el mandatario anunció medidas extraordinarias, incluyendo la posible declaración de un estado de conmoción interior y una emergencia económica.
El Catatumbo ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por la violencia de grupos armados ilegales. Desde noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el incremento de amenazas contra civiles.
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