La justicia investiga un presunto caso de consorcio en el que estaría involucrado el exministro de Justicia, César Siles. La figura del consorcio está contemplada en la Ley 1390 y establece una sanción de 5 a 10 años de cárcel, además de una multa de 251 a 400 días multa, explicó el abogado penalista Ramiro Vega.
«La figura del consorcio está dentro de la Ley 1390. Antes se llamaba Consorcio de Policías, Fiscales y Abogados, ahora se denomina Consorcio entre Responsables del Servicio de Justicia. La pena que establece esta ley es de 5 a 10 años de cárcel y una multa de 251 a 400 días», afirmó Vega a Urgente.bo.
Según el penalista, el consorcio implica un acuerdo constante entre abogados, jueces y fiscales. «Supone la existencia de un bufete de abogados que tenga un acuerdo sostenido con un juez o fiscal para que determinados casos salgan a favor o en contra, según la conveniencia de este consorcio», explicó.
En las últimas horas, Siles fue involucrado en una presunta red de consorcio. Este caso se originó después de que el juez de Coroico (La Paz), Fernando Lea Plaza, emitiera un fallo que suspendía a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, por una presunta omisión en el proceso electoral relacionado con sus méritos.
Tras este hecho, el 11 de junio de 2025 se presentó una denuncia verbal en contra el juez Lea Plaza. Luego de las investigaciones, la Fiscalía reveló que la resolución emitida por el juez fue producto de una «coordinación de alto nivel» que habría involucrado a varias autoridades, entre ellas el exministro Siles.
Según los audios difundidos en redes sociales, Siles habría planificado la acción y mantenido contacto directo con el juez, garantizando que no existirían inconvenientes y que el fallo sería respaldado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Estos audios son utilizados por la Fiscalía como elementos probatorios; sin embargo, Vega cuestiona su validez. «Lo que están haciendo los fiscales es normalizar una conducta que sí es delito: la grabación de una conversación. Esas no son pruebas, es un delito que está penado por ley. Por lo tanto, los fiscales no deberían investigar pruebas obtenidas mediante un delito», señaló.
Como fuere, las investigaciones continúan y la última acción judicial en ese contexto es la aprehensión, la mañana de este lunes, de la vocal Claudia Castro del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, que habría instruido al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, los términos del fallo en contra de la magistrada electa del TSJ.
Los Tiempos
Acerca del autor
