Esto se da por cumplimiento de plazo. Junto con Evo Morales había otros 14 acusados, algunos de los cuales nunca declararon ante los fiscales
Una vez cumplido el plazo para el periodo de investigación y sin que se haya tomado declaraciones a otros acusados, la Fiscalía de La Paz decidió rechazar la acusación del caso terrorismo que había contra el ex presidente Evo Morales, de acuerdo con los datos difundidos por la red Gigavisión.
El principio que se aplicó fue similar al del caso de los buses Pumakatari. Debían declarar otras personas sindicadas como el actual Presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, su correligionario, Leonardo Loza y otros dirigentes del MAS, pero ninguno acudió a prestar su declaración.
El caso que investigaba el Ministerio Público se refiere al audio que encontró la Policía en un teléfono del hijo de Faustino Yucra, Alejandro. En esta grabación se escuchaba una conversación entre el dirigente y Evo Morales para cercar ciudades durante los conflictos de noviembre.
El plazo que había para este caso era de seis meses y ampliado a otros dos meses, como la investigación de la Fiscalía no avanzaba, el juez de la causa conminó a los fiscales a emitir una resolución de ese caso; los plazos habían vencido y la mejor salida fue rechazar el proceso.
Dentro de este caso estaban procesados, Evo Morales; su exjefa de gabinete, Patricia Hermosa; el pariente de Morales, Hernán Soliz; el dirigente Faustino Yucra; la hermana de la pareja del expresidente, Gladys Meneses y otras diez personas, todas acusadas del mismo delito, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
El otro elemento para el rechazo de este proceso fue la decisión del juez Primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, quien el 26 de octubre anuló la orden de aprehensión que la Fiscalía había emitido contra Evo Morales; en ese entonces se dijo que la Fiscalía cometió errores insalvables porque emitió la orden sin haber tramitado ninguna citación contra el acusado y este se encontraba en Argentina, esa fue la razón por la que el juzgado dejó sin efecto la orden de aprehensión que había.
EL DEBER
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