La consternación por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal de Sentencia en Villa Tunari, continúa generando repercusiones en el ámbito judicial.
Autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados y Jueces de Cochabamba (Amaco) expresaron ayer su repudio por el crimen y exigieron al Estado reforzar las medidas de protección para los miembros del sistema judicial.
La presidenta del Tribunal, Martha Saavedra, acompañada de vocales, de la delegada distrital de la Magistratura, Pamela Alcocer, y del presidente de la Amaco, Jhasmani Zenteno, calificó el hecho como “un atentado contra la independencia judicial y la seguridad institucional”.
“La labor de impartir justicia no puede desarrollarse bajo amenazas, presiones ni campañas de desprestigio”, manifestó. Zenteno recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece la obligación de los Estados de garantizar la vida e integridad de los servidores judiciales. En ese marco, la Amaco solicitó al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de Justicia activar el protocolo de protección para jueces y reforzar los mecanismos de seguridad institucional.
Finalmente, la representante del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que, tras la revisión de antecedentes, el juez Cruz no registraba procesos disciplinarios ni penales.
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