La víctima recurrió a la Cámara de Diputados, desde donde solicitaron una acción directa, pero ahora sospecha que los policías filtraron información para que 5 implicados evadan un primer operativo.
En parte de una grabación de más de 50 minutos se oye al juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Fredy Choque, coordinar una extorsión con un conciliador de la Fiscalía de apellido Zabaleta, según los datos preliminares recolectados por la Policía dentro de la investigación que se sigue contra esos dos funcionarios y otras tres personas por el delito de consorcio.
“Para dentro de tres semanas tendría que conseguir 2.000 dólares más, para bajarlo donde los vocales, 4.000 en total”, fue el ofrecimiento de Choque a la víctima. Minutos después, el juez llamó y puso en altavoz al conciliador de apellido Zabaleta, con quien organizó una cita para coordinar el rechazo del caso.
Dicha coordinación se hizo mientras el juez llevaba adelante una audiencia virtual, en agosto de 2022. Así inició el calvario de Araceli C.S., la litigante, que sin pretenderlo se vio en medio de un consorcio de funcionarios que también pidieron dinero a nombre de la fiscal del caso, Tatiana Zambrana.
“Las personas a las que he denunciado y que siguen libres saben dónde estudian mis hijos, por eso quiero dejar el antecedente ante de los medios de comunicación de que temo por mi vida y la de mi familia. Los funcionarios de los juzgados y la Fiscalía me tratan como si yo hubiera pedido plata”, afirmó afligida Araceli C.S. en contacto con Página Siete.
La mujer explicó que ella fue denunciada con argumentos falsos por estelionato por una antigua amistad, una mujer de nacionalidad venezolana que aseguró que le debía 36.000 dólares. Araceli C.S. señaló que presentó gran cantidad de documentos ante la Fiscalía y el juez Choque para demostrar que ya había pagado la deuda y que no existía razón del proceso.
Pero en lugar de cumplir con su labor, contó que en la Fiscalía dos conciliadores (un titular y otra suplente), además del pasante de la fiscal Zambrana, Rubén Quispe, coordinaron con la ciudadana venezolana para extorsiona a la afectada, con la promesa de emitir una resolución de rechazo en su favor. Los datos proporcionados por fuentes policiales señalan que Araceli C.S. recibió una llamada el 4 de febrero, por parte del pasante y éste le solicitó 6.000 dólares.
Ante esa forma de proceder de los funcionarios judiciales, Araceli C.S. acudió a la Plataforma Ciudadana, a cargo del diputado del MAS, Renán Cabezas, a quien hizo conocer los detalles de su denuncia. El 7 de febrero, solo para constatar la veracidad de la denuncia, un funcionario de dicha plataforma acompañó a Araceli C.S. a una cita organizada con el pasante.
En la misma, Rubén Quispe regateó con el funcionario de la Plataforma el monto hasta bajar a 2.000 dólares por una resolución de rechazo. En otra ocasión, los conciliadores de la Fiscalía anunciaron la elaboración de un acuerdo entre Araceli C.S. y su denunciante, con el pago de 10.000 dólares a cambio de cerrar definidamente el caso y pagar los costos del proceso.
En los diferentes audios de entrevistas personales y grabaciones de llamadas que ahora están en poder de la Fiscalía, los conciliadores, el juez Choque y el pasante pintaban un panorama legal entreverado, con el uso de términos jurídicos para confundir a la víctima y argüir que le hacían un favor.
Aprehensión
“El Ministerio Público está realizando la imputación formal y pedirá la medida extrema de la detención preventiva para dos ciudadanos, en virtud a la concurrencia de indicios para demostrar que la autoría del hecho delictivo. El delito de consorcio representa un acuerdo en abogados, funcionarios de la administración de justicia y en la primera parte de la investigación se ha identificado a abogados que han servido de nexo entre la víctima y la autoridad judicial (Choque)”, señaló el fiscal Wilson Medrano.
Según el fiscal, el jueves por la tarde se realizaron dos operativos. En el primero se aprehendió al juez Choque y en el segundo al pasante Quispe.
Se desconoce la situación jurídica de los otros tres denunciados, pero según Araceli C.S. el pasado jueves, 2 de marzo, se frustró un operativo policial, que fue gestionado por la Plataforma del diputado Cabezas, debido a que se filtró información y el juez y los otros implicados lograron evadirlos al no presentarse a sus puestos de trabajo.
Pagina Siete
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