El gobernador de Santa Cruz fue capturado el 28 de diciembre de 2022. Dos días después fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. En este tiempo el Gobierno ha impulsado otras dos causas
Sucedió el 30 de diciembre del año pasado. El juez octavo de instrucción en lo penal de La Paz, Sergio Pacheco, dispuso entonces la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el lapso de cuatro meses. En este plazo, la Fiscalía debería fundamentar la acusación por el delito de “terrorismo” contra la autoridad departamental en el contexto del caso ‘Golpe I’ que tiene que ver con la crisis política de 2019.
Con el gobernador Camacho en prisión, la Fiscalía activó otros dos casos en su contra y podrían ampliar el tiempo de la prisión preventiva más allá del 30 de abril, la fecha fijada por el juez Pacheco y ratificada el 19 de enero por la vocal Rosmery Pabón, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), para que la Fiscalía presente los resultados de sus investigaciones.
Martín Camacho, el abogado que patrocina a la autoridad cruceña, informó que hoy se llevará a cabo una audiencia cautelar respecto a una denuncia formulada por el la Central Obrera Regional (COR) de El Alto por daños y supuestas lesiones sufridas en el paro de los 36 días que reclamó un censo oportuno y transparente. También está el caso “decretazo” que tiene que ver por la designación irregular de un gobernador interino a comienzos de 2022. La audiencia por esta causa fue reprogramada para el 21 de abril.
En todos estos casos, la Fiscalía anticipó la ampliación de detención preventiva contra Camacho, aunque existen otros implicados respecto a las protesta que se desarrolló en Santa Cruz.
“Hemos presentado recursos para reclamar la competencia de un juez en Santa Cruz, así como una investigación justa a través del Ministerio Público en Santa Cruz”, señaló el abogado defensor sobre la denuncia planteada por el paro de los 36 días. En este caso está incluido el rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, además del asesor legal José Luis Santistevan. El principal acusador es Juan Marcelo Mayta, secretario Ejecutivo de la COR de El Alto, pero hay otros denunciantes.
“Esperemos que los operadores de justicia actúen respetando los derechos fundamentales y que tutelen las garantías constitucionales. Es una barbaridad que seamos procesados por jueces que viven a 1.000 kilómetros de distancia y que hayan asumido competencia solamente porque así lo dispone el Decreto 138 y ese decreto está por debajo de una ley y por debajo de la Constitución”, afirmó el rector de la Uagrm. Además, la autoridad académica consideró que el proceso es una muestra “del abuso de poder y de una persecución política contra quienes piensen diferente”.
El Decreto 138, del 20 de mayo de 2009, dejó establecido la ciudad de La Paz “como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento del delito de terrorismo”. La norma se dio en el contexto del caso Rozsa por el que el Estado está siendo procesado por “ejecuciones sumarias”, pero en el ámbito legal internacional.
Ahora bien, en el caso “decretazo”, la comisión de fiscales que indaga el caso exigió en su acusación que el gobernador sea encarcelado preventivamente por un periodo de 180 días, pero en Palmasola. “Hemos presentado tres incidentes en este proceso y además excepciones porque creemos que el Ministerio Público se dio más de un año para unas investigaciones que deben durar 20 días”, apostilló el abogado.
Respecto a la acusación principal que está vinculada con el delito de “terrorismo”, la defensa del gobernador planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se defina el alcance de este delito, puesto que organismos internacionales, además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) afirmó que el tipo penal es ambiguo y se usó para la persecución judicial con motivaciones de orden político.
También solicitó que se tome declaración al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, para que explique lo sucedido en 2019 cuando pidió la renuncia de Evo Morales, quien aún no declaró en este caso.
Camacho, por su lado, recibió ayer a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y divulgó un manuscrito para solicitar la conformación de otro GIEI. Dio su versión de la crisis de 2019 “cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia, esa democracia que ahora nuevamente está herida”.
El Deber
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