Las propuestas surgieron en un el foro sobre institucionalidad democrática que se realizó ayer en La Paz, en el que participaron candidatos al Poder Legislativo de diferentes fuerzas políticas
Reformar la Constitución Política del Estado (CPE) para cambiar la forma de elección de magistrados y limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), son parte de las propuestas de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 17 de agosto.
Asimismo, los postulantes promueven el pacto fiscal para redistribuir los recursos generados en las regiones y que al momento son monopolizados en 80% por el Estado centralista. A pesar de que no se detalló cuáles serán las fórmulas administrativas, se reiteró que el 50% se quede en el gobierno central y otro 50% se destine a las regiones.
Estas fueron dos de las principales propuestas planteadas en el foro sobre institucionalidad democrática que se realizó ayer en La Paz, organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
Participantes
Los postulantes que sí asistieron fueron Juan del Granado, candidato a diputado uninominal por Alianza Unidad; William Bascopé, candidato a diputado plurinominal por APB-Súmate; Milan Berna, candidato vicepresidencial del MAS; Andrés Huanca, candidato uninominal de Alianza Popular; y Ana Crispín, candidata a senadora por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En el evento también estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Japón, España, Estados Unidos, Suiza, Brasil, Alemania y Francia.
Independencia de poderes
El foro arrancó con la pregunta sobre las reformas que implementarán los candidatos para garantizar la independencia de poderes y para cambiar el sistema de preselección de magistrados del Órgano Judicial y el TCP.
Bascopé propuso reformar parcialmente la Constitución para modificar la forma de elección de magistrados porque la votación popular “fue un grueso error de la Asamblea Constituyente”. Indicó que esa reforma debe hacerse vía referéndum porque será parcial y no se requerirá una Asamblea Constituyente, aunque él mismo dijo que habrá que ver si hay consensos para hacerlo.
Por su lado, Crispín dijo que la justicia está parcializada “para el que tiene más plata” y “la corrupción se ha metido en cada rincón”. Apoyó la reforma constitucional, aunque no logró expresar sus fundamentos. Prometió que junto al candidato a la presidencia por el PDC, Rodrigo Paz, buscará que se elija “a las personas más idóneas”.
Huanca, de Alianza Popular, sostuvo que “en el Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial está el epicentro de la crisis institucional”, por lo que también propuso una reforma constitucional, pero no para cambiar la forma de selección de los magistrados, sino para poner un mecanismo de control al TCP que, en su criterio, debería ser la propia Asamblea Legislativa.
Sobre la elección de jueces, para Huanca es “una buena idea” elegirlos por voto popular en los niveles locales, pero los magistrados deberían ser designados por méritos.
El vicepresidenciable del MAS declaró que debe prevalecer la independencia de poderes del Estado y rechazó la intromisión. Berna propuso “hacer una revolución en la justicia”, aunque no especificó cómo. “Necesitamos un cambio de actores, también en su pensamiento y su actuar”, señaló en referencia a los magistrados.
Juan del Granado, de Unidad Nacional, propuso también hacer una reforma parcial a la Constitución para crear un consejo nacional de postulaciones que elija magistrados por méritos, por trayectoria profesional y aporte intelectual.
“Eliminemos la atribución legislativa en la selección de postulantes y creemos una comisión nacional de postulaciones, integrada por organizaciones de la sociedad civil”, dijo. Explicó que se mantendría el voto popular, porque para cambiarlo se necesitaría una Asamblea Constituyente.
50/50
En el tema de la redistribución de ingresos, tanto el postulante de Unidad Nacional como del PDC proponen un reparto de recursos igualitario entre gobierno central y gobiernos subnacionales.
El candidato Del Granado dijo que se buscará que el 50% de los recursos generados las regiones vayan a gobiernos locales y 50% al gobierno central y, como esa distribución no está garantizada en la Constitución, planteó una reforma de la Carta Magna.
Bascopé habló de la necesidad de hacer un pacto fiscal para la redistribución de recursos porque, según dijo, no puede haber más competencias sin presupuesto. También habló de hacer una reforma constitucional al respecto.
La postulante Crispín dijo que el nivel central concentra el 80% de los recursos. “Pretendemos cambiar para hacer la redistribución para municipios, gobernaciones, que se invierta en salud y educación 50/50, no podemos concentrar en el central”.
El candidato Andrés Huanca señaló que no hay que perder de vista de que Bolivia atraviesa por una crisis económica, por lo tanto, planteó un “pacto fiscal gradual en función a las necesidades del gobierno central”.
Para Berna, la clave es cumplir la Ley de autonomías y abogó por la “redistribución equitativa para evitar la monopolización que genera corrupción y burocracia”.
Fabián Yaksic, de la Fundación Autonómica, a nombre de la sociedad civil dijo que “lo del fifty fifty suena bonito”, pero preguntó cómo lo harían y con qué fuentes de financiamiento. “50/50 de qué, de un IDH que ya no existe, de las regalías que están absolutamente diluidas o de la coparticipación tributaria”, preguntó. Además, pidió propuestas para encarar la debilidad institucional de las entidades autonómicas.
Derechos humanos
A la pregunta sobre cómo garantizarán un entorno seguro, democrático y respetuoso de los derechos humanos, los candidatos hicieron declaraciones en favor de la vigencia de los derechos humanos, pero no faltó el que propuso restaurar la pena de muerte.
Bascopé apostó por las designaciones conforme a ley, para lo que la Asamblea tendría que nombrar contralor, presidente del Banco Central, entre otros. Ana Crispín dijo que la clave es la educación, mientras que Berna se concentró en el diálogo y el consenso para resolver conflictos, respetando el derecho a la protesta.
El Deber
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