Mirko Antonio Sokol Saravia, el nuevo comandante general de la Policía Boliviana, desde el día de su posesión el pasado 29 de noviembre no se ha detenido en su intención de “ordenar la casa” y acabar con la corrupción que infesta a la institución verde olivo desde hace varias décadas.
Y para cumplir con su objetivo de “cero corrupción” en la Policía y terminar con dos principales delitos cometidos por los uniformados: el cohecho y extorsión, ha instruido una serie de medidas que van desde prohibiciones por cobros injustificados hasta cierre de comisarías de Tránsito irregulares y patrullajes callejeros intensivos a pie.
1 Pedir o aceptar coimas
Sokol emitió un memorando que rige dentro la institución y prohíbe a todos los efectivos “solicitar, exigir, aceptar o insinuar” la entrega de dinero, dádivas o favores, señalando cero tolerancia frente al cobro al ciudadano.
En su acto de posesión Sokol fue enfático “queda totalmente prohibido cobrar un solo centavo a algún ciudadano boliviano, por ningún motivo. El Comando de la Policía advierte que la inobservancia de esta disposición será considerada una falta grave, sometiendo al agente a procesos disciplinarios, administrativos o incluso penales, conforme la normativa.
2 Cierre de comisarías
También se ordenó el cierre inmediato y ordenado de comisarías de Tránsito que funcionan fuera de la estructura autorizada y que, según la comandancia, se usaban para prácticas extorsivas nocturnas. “Lo que se está haciendo es eliminar aquellas comisarías de Tránsito que se han ido creando en el transcurrir del tiempo de manera irregular con fines estrictamente ilegales, extorsivos… porque muchas de ellas se instalaron —muchas veces sin autorización— en ambientes que no les correspondían”, dijo Sokol.
Las comisarías oficiales en dependencias Tránsito que no tienen observaciones seguirían operando con normalidad.
3 Acercamiento
El 2 de diciembre de 2025, en el lanzamiento del plan estratégico de transformación institucional, Sokol anunció que la Policía se debe acercar más a la sociedad.
Como parte de ese plan: todos los patrulleros deben “bajar de sus vehículos cada media hora y tomar contacto con la población”, en barrios, mercados, hospitales, colegios u otros espacios públicos.
4 Líneas telefónicas
Se anunciaron líneas telefónicas y vías directas para que la ciudadanía pueda denunciar de forma rápida y anónima hechos de corrupción de efectivos policiales.
“No hagamos de esto una oportunidad de hacer daño a nadie. No es mi intención dañar absolutamente a nadie; simplemente queremos que se cumpla la norma”, dijo Sokol.
Subrayó la necesidad de que las denuncias tengan base real, con pruebas, para que actúen las instancias correspondientes: disciplinarias o penales.
5 Menos administrativos
Se ordenó revisar funciones administrativas y priorizar personal en labores operativas y barriales; habrá reubicaciones y reorganización del personal afectado.
6 Diprove
En su anuncio del 1 de diciembre de 2025, Sokol informó que todos los operativos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) deberán contar con la presencia de funcionarios de Transparencia (Inspectoría General), para supervisar el proceso.
A juicio de Sokol, muchos operativos llevados a cabo previamente por Diprove (a veces de noche) eran utilizados como ocasión para extorsionar a propietarios de vehículos irregulares o robados. Con la presencia de inspectoría, esos operativos quedarán sujetos a control estricto.
7 Ventanilla única
Para transparentar procedimientos disciplinarios y sancionatorios la Policía anunció que los expedientes tendrán un número y se tramitarán por vías centralizadas para evitar manipulación. (Medida enmarcada en el plan de saneamiento institucional).
8 Remoción
Sokol reveló que algunas recaudaciones de “coimas” superaban los niveles internos de la Policía, alcanzando instancias externas.
Aseguró que se realizará un cambio de autoridades superiores: comandantes departamentales y otros mandos vinculados con denuncias, para “depurar” la institución.
Promesa
Finalmente, Sokol prometió ejecutar las aproximadamente 5.000 órdenes de aprehensión pendientes en esta gestión.
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