El procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, mediante un pronunciamiento expresó “su preocupación” ante las recientes decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares acusados de supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en 2019.
En la publicación realizada la noche del viernes en el portal oficial de la Procuraduría General del Estado, Condori “saludó” el pronunciamiento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) respecto a las decisiones judiciales adoptadas en los casos de las masacres Senkata y Sacaba. Los organismos alertaron sobre un virtual retroceso en la justicia de Bolivia.
“Ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), cuyas investigaciones concluyeron que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz», sostuvo la autoridad.
Condori subrayó además que «el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
La declaración oficialista se enfoca en el respeto a las recomendaciones del GIEI, las cuales apuntan a «la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad».
Jeanine: Informe del GIEI no es vinculante
En pasadas semanas, la ex presidente Jeanine Áñez aseguró que fue su gobierno el que solicitó la llegada del GIEI y afirmó que su informe no es vinculante. Acusó a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Luis Arce de haber instruido su encarcelamiento “sin debido proceso” por motivaciones políticas del MAS.
«La Fiscalía General del Estado debía investigar a fondo los hechos de violencia de 2019 en el país, investigación que no hizo porque prefirió cumplir las instrucciones políticas de Evo Morales y de Iván Lima de encarcelar y condenar a una expresidente sin debido proceso, escribió la ex mandataria en sus rede sociales, el 1 de septiembre.
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