El proyecto de ley es promovido por el arcismo y se encuentra en la Cámara de Diputados
Cuatro diputados de la fracción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron en octubre un proyecto de ley para regular la protesta social en Bolivia, que identifica una serie de infracciones y también establece sus sanciones.
Infracciones
En el proyecto son consideradas como infracciones el “convocar, organizar, participar, financiar o difundir protestas o manifestaciones sociales que atenten contra los derechos fundamentales, la infraestructura crítica, los servicios públicos esenciales, el orden público o la seguridad nacional”.
También el obstruir o impedir la circulación, conectividad y el flujo regular del tránsito de personas y de vehículos en las vías principales urbanas, departamentales, nacionales o internacionales; así como el acceso a infraestructura crítica y los servicios públicos esenciales, que causen afectaciones económicas y sociales.
Asimismo, se establecen como infracciones el incitar, promover o realizar actos de violencia, vandalismo, sabotaje, terrorismo o delincuencia; además de utilizar armas de fuego, explosivos, sustancias tóxicas o peligrosas, o cualquier otro medio que ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas, en el marco de las protestas o manifestaciones sociales.
Del mismo modo, según este proyecto de ley, son consideradas como infracciones el desconocer, desobedecer o resistirse a las órdenes legítimas de las autoridades competentes; el impedir, obstaculizar o interferir con el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones; y el falsear, ocultar o manipular información sobre sus actividades, objetivos, resultados o impactos, en el marco de la regulación de la protesta social.
Se propone graduar las infracciones de acuerdo con su gravedad: Infracciones leves, graves y muy graves.
Sanciones administrativas
Para las infracciones leves, en el proyecto se plantea “amonestación escrita o multa de hasta el 10% del salario mínimo nacional vigente”.
Para las infracciones graves, se propone “multa de hasta el 50% del salario mínimo nacional vigente y suspensión temporal de derechos civiles entre 15 días y 6 meses”.
Para las infracciones muy graves, se formula “multa de hasta el 100% del salario mínimo nacional vigente y cancelación de derechos civiles por hasta 2 años”.
Sanciones a personas jurídicas
En el proyecto de ley también se propone aplicar sanciones administrativas a personas jurídicas y organizaciones sociales “en función del tipo de infracción cometida a causa de sus representantes, voceros y/o participantes de la protesta social, según su gravedad”.
Estas sanciones van desde multas, suspensión temporal de medidas de protesta, decomisos, confiscaciones, sanciones reparatorias y hasta la pérdida de la personalidad jurídica.
El proyecto fue presentado por los diputados: Olivia Guachalla Yupanqui, Magaly Gómez Aranibar, Damián Laime Parada y José Luis Flores Colquillo ante Israel Huaytari, quien en octubre todavía era presidente de la Cámara de Diputados.
Bolivia es un país que de manera frecuente enfrenta una serie de protestas sociales que derivan, incluso, en el bloqueo de carreteras troncales en desmedro de la economía nacional.
Entre octubre y noviembre, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales bloquearon carreteras por 24 días agravando la crisis económica del país.
El Deber
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