La duda ya está sembrada. El magistrado Espada rechazó las supuestas negociaciones con el Legislativo, dijo que no necesitan de una ley para ejercer sus cargos. Legisladores, políticos y cívicos prenden las alarmas y anuncian acciones mientras los evistas festejan.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tambalea por las acusaciones, en sentido de que los magistrados autoprorrogados realizarían negociaciones por debajo de la mesa con parlamentarios para que el Legislativo apruebe una ley que blinde su prórroga al menos unos tres años más, y en caso de no hacerlo, ellos habilitarían a Evo Morales para ser candidato a la presidencia.
Tal extremo fue negado por el TCP y la acusación obligó al magistrado autoprorrogado, René Espada, a salir ante los medios para asegurar que esas versiones son falsas e infundadas, y que además pretenden poner al Tribunal en medio de una disputa política en pleno proceso electoral.
“Lamentamos que en pleno desarrollo del proceso electoral, diferentes actores políticos quieran poner al TCP al centro de sus disputas políticas y electorales a través de especulaciones que no tienen ningún fundamento”, dijo Espada desde Sucre.
Agregó que ejercen sus mandatos en al menos cuatro autos, sentencias y fallos que ellos mismos emitieron entre 2023 a 2025, por lo que no necesitan de una ley para ejercer sus funciones.
Remezón política
No obstante, la denuncia contra los magistrados causó un reacciones en el ámbito político que se alarmó ante la sola posibilidad de que esa versión fuera verídica y el TCP esté a un paso de habilitar a Morales para una cuarta repostulación, desconociendo un fallo que lo inhabilita de por vida.
“Denunciamos un chantaje inaceptable: los autoprorrogados del TCP amenazan al Legislativo con habilitar a Evo Morales si no se aprueba una ley que blinde su mandato ilegal. Que vayan a chantajear a sus familias”, dice parte del mensaje que publicó la diputada Luciana Campero (CC) en su cuenta de la red X.
La legisladora aseguró que tiene una copia de ese proyecto de ley que beneficiaría a los magistrados autoprorrogados.
Según la versión extraoficial, el ‘proyecto de ley de prórroga excepcional’ para el mandato de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional establece justamente la prórroga de estos magistrados ‘en tanto no se elijan nuevas autoridades conforme al procedimiento constitucional y legal vigente’.
Asimismo, este supuesto proyecto señala que los actos, fallos y sentencias que emitan en ese periodo de prórroga serán válidos y vinculantes.
Al respecto, el diputado Jairo Guiteras también protestó por el supuesto proyecto y adelantó que si el TCP cumple esa advertencia y habilita a Evo, los magistrados, por la presión social, terminarán en Chonchocoro.
Tras de ellos, surgió una ola de críticas contra el TCP y sus máximas autoridades a quienes, políticos y cívicos, llenaron de calificativos. “El que chantajea es un delincuente, y tenemos que entender que tenemos delincuentes de toga que están en el TCP creyendo que la justicia es una moneda de cambio”, dijo el vocero de la alianza Libre, Tomás Monasterio.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, dijo que los autoprorrogados “Actúan como gánsters y anunció que los cívicos no se quedarán quietos.
Para el senador evista, Adolfo Flores, “la iniciativa de donde venga es correcta”, pero aseguró que desconoce las “negociaciones” y agregó que con esa acción, es decir, habilitando a Morales, el TCP “quiere entrar en regla”.
Su colega, el senador Leonardo Loza, dijo que no tienen “porqué negociar con nadie” porque Morales “no necesita de ningún acuerdo”, ya que según el lugarteniente del líder cocalero, Evo “está habilitado por la Constitución Política”.
El TCP está al mando de cinco magistrados que se prorrogaron en sus cargos porque su mandato constitucional terminó a fines de diciembre de 2023. Es el segundo año que ejercen funciones amparados en un auto y una declaración constitucional aprobados por ellos mismos.
Se trata del Auto Constitucional 0113/2024-O del 11 de diciembre de 2024 firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo, Isidora Jiménez, René Espada y Brígida Vargas, que “dimensiona” los efectos de la Declaración Constitucional 0049/2023, que dispuso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales que debían dejar sus cargos en diciembre de 2023.
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